Gremios


El Gobierno ahora lanza auditorias de los gremios

2, 12, 2017

Desde el Ministerio de Trabajo enviarán en los próximos días las primeras intimaciones de 50 previstas. Buscan detectar irregularidades en medio del endurecimiento de la postura oficial. Auditarán cuentas, padrones y bienes.
En medio de la batalla entre los sindicatos y el oficialismo, el Gobierno comenzó a diagramar un esquema de auditorías para estudiar los padrones, libros contables y las propiedades de los gremios en busca de irregularidades que los debiliten.
Según reveló Perfil, las investigaciones se preparan en conjunto entre el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Servicios de Salud, en lo que atañe a las obras sociales. Y se dan en un contexto particular, tras las detenciones de una serie de sindicalistas con serias irregularidades en sus gremios y en plena acusación de lavado dinero contra la familia Moyano.
El listado de los primeros 25 sindicatos que serán investigados se está armando en estos días en una de las oficinas que tiene la abogada Karina Palacios, directora Nacional de Asociaciones Sindicales y quien trabajó durante años con Horacio Rodríguez Larreta.
Sin embargo, un indicio marca que estas primeras auditorías serán solo la punta del iceberg: la cartera laboral comenzó a reclutar contadores que puedan analizar el material que llegue desde las asociaciones sindicales.
A partir de ello, con la documentación, el Gobierno comenzará una segunda etapa de análisis cruzando datos con las bases de AFIP, del Banco Central, la Inspección General de Justicia y los registros de la Propiedad.
En el piso 13 del Ministerio de Trabajo no dudan: si los gremios se rehúsan a entregar la información, preparan una serie de intimaciones que incluyen sanciones por cada día de retraso en el envío de información.
Pero las auditorías no es todo lo que prepara el Gobierno. También en el despacho de Triaca están estudiando emitir una resolución para evitar que en la línea sucesoria de los sindicatos estén los parientes. Sería una suerte de “claúsula antiherencia” para evitar casos como los de los Balcedo en el Soeme o los Moyano en Camioneros, entre tantos otros.
Según le contaron fuentes oficiales a Perfil, Macri viene envalentonado con “cargarse” a una serie de gremios. A tal punto que, a fines del año pasado, en el cumpleaños de Larreta, en un bar de Barracas, no fueron pocos los que lo escucharon decir que era hora “de meter en cana” a más sindicalistas. Incluso nombró a un par que generan revuelo en el sur del país.

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Desesperación de los despedidos de Badisur: “Nos van a sacar muertos de acá”

28, 11, 2018

Ante el despido ocupan la planta textil fueguina. Los empresarios ofrecen indemnizaciones a la mitad de lo estipulado por ley. “Nos van a sacar muertos de acá. Si el dueño quiere recuperar la fábrica, que pague lo que corresponde”, desafiaron.
Con fuerte apoyo de sindicatos, gremios y organizaciones sociales, los trabajadores de Badisur mantienen la ocupación del edificio de la fábrica textil a la espera de que la empresa abone las indemnizaciones según lo que dicta la ley.
Se trata de un grupo de 25 empleados de la empresa que fueron recientemente despedidos. El fin de semana se corrieron fuerte los rumores sobre un posible desalojo -a pesar de la desmentida del Gobierno fueguino- que generaron alarma entre los sindicatos.
La secretaria general del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA), Alejandra Zustovic, aseguró que “queremos cobrar por lo que trabajamos. Nos quieren pagar una miseria apañados por el Poder político que no interviene y que les ha permitido hacer lo que quisieron durante muchos años”.
“Nos van a sacar muertos de acá. Si el dueño de Badisur quiere recuperar la fábrica, que pague lo que corresponde”, amenazó en declaraciones que recuperó el portal local Surenio.com.
A su vez, precisó: “Nos ofrecieron indemnizaciones calculadas con salarios de 2017, que representan un 48 % de lo que deberíamos cobrar por ley. Es una vergüenza que tengamos que pelear de este modo por lo que nos corresponde”.
Además, enfatizó que “Acá trabajaban hombres y mujeres; madres que son único sostén de familias. Acá trabajaban matrimonios, que de un día para el otro se quedaron sin trabajo, se quedaron sin nada. Acá trabajaban empleados con mucha antigüedad, hay gente que tiene más de 18 años de experiencia”.
Para cerrar, Zustovic aseguró que “vamos a resistir todo lo que haga falta. No tenemos nada que perder, porque perdimos todo por culpa de empresarios inescrupulosos que ya vaciaron Yamana del Sur y que quieren hacer lo mismo con Badisur”.

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Jujuy: Con ayuda de Nación, la minera Glencore despidió a 130 trabajadores

27, 11, 2018

Con la anuencia del gobierno nacional y provincial, Glencore condicionó a los despedidos con un Programa Nacional de Promoción de Empleo “sólo si firmaban su desvinculación”.
Luego de un mes de incertidumbre para los trabajadores de la Fundición minera Aguilar, finalmente se confirmaron los 130 despidos por parte de Glencore. La empresa ofreció ingresar a un programa nacional de promoción de empleo sólo aquellos que aceptaran “de común acuerdo” sus desvinculación.
La herramienta, ofrecida por el gobierno nacional a la empresa como instrumento para facilitarle la negociación con los damnificados, los ingresa en una base de datos para empleadores locales.
La mediación del gobierno provincial de Gerardo Morales facilitó a Glencore el acceso al instrumento de Nación.
Se trata del Programa Nacional de Transformación Productiva dependiente de la cartera de Trabajo de la Nación. La condición para ese “beneficio” es que deberían firmar en conformidad la desvinculación de la empresa.
La empresa confirmó, así, la destrucción de 130 puestos de trabajo al anunciar el cierre del establecimiento industrial. Como paliativo anunciaron, además, que serán indemnizados con el 100% y recibirían un fondo de desempleo por un período de seis meses.
El martes por la tarde, ante escribano público, se procedió a la firma de la desvinculación de los empleados que cumplían tareas en Fundición Aguilar, quienes desde hace tres semanas vivían bajo una incertidumbre, por cuanto desconocían cuál sería el destino del complejo industrial.
La compañía había ingresado, en enero, en procedimiento preventivo de crisis. Durante 6 meses los empleados de la firma deberán vivir con $11.000 pesos.
A principios de enero la empresa entró en procedimiento preventivo de crisis, el cual fue elevado al Ministerio de Trabajo de Nación, aduciendo la difícil situación económica y financiera, advirtiendo una baja rentabilidad de la producción, falta de competitividad y la quita de beneficios de exportación, entre otras causas.

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