Gremios


Avanza una denuncia contra Triaca por contrataciones millonarias en el Renatre

27, 11, 2018

El ex funcionario fue imputado ante la Oficina Anticorrupción por el presunto delito de “administración fraudulenta” en el Renatre, el organismo encargado de fiscalizar el trabajo rural, que conducía Abel Guerrieri, ex Sociedad Rural.
El ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quedó involucrado en una denuncia ante la Oficina Anticorrupción (OA) por el presunto delito de “administración fraudulenta” dentro del Registro Nacional de los Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre). En principio se investiga la contratación por parte de Abel Guerrieri (hombre de la Sociedad Rural Argentina), quien ocupó la presidencia del organismo hasta el 20 de diciembre de 2018, de manera directa por más de 9 millones de pesos con una empresa dedicada -supuestamente- a prestar servicios informáticos (Biesles SA) a pesar de haber sido objetada por los dos síndicos del organismo en representación del Estado, Diego Cimoli y Sara Gatti.
Según reveló Página/12 luego de haber elevado un informe interno dentro de la cartera laboral -que nunca contó con una respuesta formal de Triaca-, Guerrieri y Erica Vanesa Utrera, designada allí por la Uatre y empleada del área administrativa y legal del Renatre, fueron denunciados ante la OA por los delitos de “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta” a partir de las sistemáticas erogaciones hacia una “empresa fantasma”.
La denuncia ante la entidad que conduce Laura Alonso sugiere que Triaca sea investigado administrativa y penalmente por su inacción ante los informes críticos de los dos síndicos.
“El Renatre contrató primeramente en forma ilegítima a una empresa para que audite sus sistemas, y rápidamente la volvió a contratar para que le confeccione una gestión integral en la Secretaría de Informática, y además confeccione una solución tecnológica en materia de fiscalización. También se la contrató por urgencia y necesidad, lo que es una falacia a todas luces”, sostiene la denuncia realizada formalmente ante la Oficina Anticorrupción y que fue adelantada por este diario. La acusación puede rastrearse bajo el número 5798 e ingresó al sistema del organismo el 21 de diciembre, según constató Página/12 ante la Mesa de Entrada de la entidad que conduce Alonso.
La acusación hacia las autoridades del Renatre incluye una operatoria por más de 9 millones de pesos. Pero no es la única. Desde que el presidente Mauricio Macri convalidó la entrega del organismo fiscalizador a la Uatre y las patronales agropecuarias, cobraron nuevamente protagonismo los contratos millonarios hacia “empresas amigas”, situación que los denunciados ni siquiera trataron de disimular ya que despertaron la inconformidad de los propios síndicos en representación del Estado.
Cimoli y Gatti le advirtieron a Triaca de las maniobras fraudulentas en una nota firmada el 31 de julio de 2018 e incorporada en el Expediente 1-2015-1799997/2018. “Tratándose de una contratación de compra directa por especialidad, resulta llamativo que no obre en el expediente dictamen alguno de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos al respecto, ni tampoco informe del área de informática que justifique y/o avale la necesidad de contratar y/o sugerir a empresa alguna o Biesles SA, para que realice la labor de desarrollo de un sistema informático de fiscalización”, escribieron los síndicos.
Es decir, quien fuera responsable del área de Trabajo hasta diciembre del año pasado nada hizo para frenar las supuestas contrataciones fraudulentas y por esa inacción, en la denuncia formulada ante la OA sugieren que el ex funcionario también sea investigado, y de corresponder, que se eleven las denuncias penales pertinentes.
Si bien la denuncia ante el organismo que conduce Alonso involucra un sólo contrato por más de 9 millones de pesos, la práctica no sería un hecho aislado ya que existirían más erogaciones de estas características, como así también la derivación de recursos hacia “fondos de inversión” y groseras condonaciones de deuda a empresarios rurales, metodología similar a la aplicada durante los tiempos de Gerónimo “Momo” Venegas al frente del Registro.

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Desesperación de los despedidos de Badisur: “Nos van a sacar muertos de acá”

28, 11, 2018

Ante el despido ocupan la planta textil fueguina. Los empresarios ofrecen indemnizaciones a la mitad de lo estipulado por ley. “Nos van a sacar muertos de acá. Si el dueño quiere recuperar la fábrica, que pague lo que corresponde”, desafiaron.
Con fuerte apoyo de sindicatos, gremios y organizaciones sociales, los trabajadores de Badisur mantienen la ocupación del edificio de la fábrica textil a la espera de que la empresa abone las indemnizaciones según lo que dicta la ley.
Se trata de un grupo de 25 empleados de la empresa que fueron recientemente despedidos. El fin de semana se corrieron fuerte los rumores sobre un posible desalojo -a pesar de la desmentida del Gobierno fueguino- que generaron alarma entre los sindicatos.
La secretaria general del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA), Alejandra Zustovic, aseguró que “queremos cobrar por lo que trabajamos. Nos quieren pagar una miseria apañados por el Poder político que no interviene y que les ha permitido hacer lo que quisieron durante muchos años”.
“Nos van a sacar muertos de acá. Si el dueño de Badisur quiere recuperar la fábrica, que pague lo que corresponde”, amenazó en declaraciones que recuperó el portal local Surenio.com.
A su vez, precisó: “Nos ofrecieron indemnizaciones calculadas con salarios de 2017, que representan un 48 % de lo que deberíamos cobrar por ley. Es una vergüenza que tengamos que pelear de este modo por lo que nos corresponde”.
Además, enfatizó que “Acá trabajaban hombres y mujeres; madres que son único sostén de familias. Acá trabajaban matrimonios, que de un día para el otro se quedaron sin trabajo, se quedaron sin nada. Acá trabajaban empleados con mucha antigüedad, hay gente que tiene más de 18 años de experiencia”.
Para cerrar, Zustovic aseguró que “vamos a resistir todo lo que haga falta. No tenemos nada que perder, porque perdimos todo por culpa de empresarios inescrupulosos que ya vaciaron Yamana del Sur y que quieren hacer lo mismo con Badisur”.

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Jujuy: Con ayuda de Nación, la minera Glencore despidió a 130 trabajadores

27, 11, 2018

Con la anuencia del gobierno nacional y provincial, Glencore condicionó a los despedidos con un Programa Nacional de Promoción de Empleo “sólo si firmaban su desvinculación”.
Luego de un mes de incertidumbre para los trabajadores de la Fundición minera Aguilar, finalmente se confirmaron los 130 despidos por parte de Glencore. La empresa ofreció ingresar a un programa nacional de promoción de empleo sólo aquellos que aceptaran “de común acuerdo” sus desvinculación.
La herramienta, ofrecida por el gobierno nacional a la empresa como instrumento para facilitarle la negociación con los damnificados, los ingresa en una base de datos para empleadores locales.
La mediación del gobierno provincial de Gerardo Morales facilitó a Glencore el acceso al instrumento de Nación.
Se trata del Programa Nacional de Transformación Productiva dependiente de la cartera de Trabajo de la Nación. La condición para ese “beneficio” es que deberían firmar en conformidad la desvinculación de la empresa.
La empresa confirmó, así, la destrucción de 130 puestos de trabajo al anunciar el cierre del establecimiento industrial. Como paliativo anunciaron, además, que serán indemnizados con el 100% y recibirían un fondo de desempleo por un período de seis meses.
El martes por la tarde, ante escribano público, se procedió a la firma de la desvinculación de los empleados que cumplían tareas en Fundición Aguilar, quienes desde hace tres semanas vivían bajo una incertidumbre, por cuanto desconocían cuál sería el destino del complejo industrial.
La compañía había ingresado, en enero, en procedimiento preventivo de crisis. Durante 6 meses los empleados de la firma deberán vivir con $11.000 pesos.
A principios de enero la empresa entró en procedimiento preventivo de crisis, el cual fue elevado al Ministerio de Trabajo de Nación, aduciendo la difícil situación económica y financiera, advirtiendo una baja rentabilidad de la producción, falta de competitividad y la quita de beneficios de exportación, entre otras causas.

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