En plena sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, el legislador salteño Martín Grande encendió nuevamente una polémica que parece doler y mucho al círculo cercano al gobernador Gustavo Sáenz.
Durante su descargo, Grande mencionó a dos figuras muy reconocidas en la provincia y habló de “aprietes”.
El primero de ellos fue Abel Cornejo, Procurador General de Salta, quien lo llamó a declarar a pesar de no contar con la causa en sus manos, información que fue reconocida por la fiscal Verónica Simesen de Bielke. “Cuando yo denuncié la cobardía del Procurador que no investigaba las causas por corrupción, me inició una querella criminal, que está por llegar a la Cámara de Diputados de la Nación, ignorando la inmunidad de opinión que se nos provee a todos para cumplir con nuestra función”, denunció.
Otro de los señalados por el legislador fue su par salteño, Andrés Zottos quien semanas atrás pidió públicamente la detención de Grande por sus declaraciones. El ex vicegobernador insistió en el que macrista renuncie a los fueros legislativos y se someta a la justicia. “Debería estar preso. Sabe cosas que como funcionario público tendría que haberlas denunciado” expresó Zottos.
A todo esto, el legislador del PRO señaló que el “jefe de los fiscales” lo acusó públicamente de ser “un personaje nefasto que trató de impedir que Gustavo Sáenz, intendente en ese momento de la Capital salteña, llegue al gobierno de la provincia de Salta”.
El tema de las facturas apócrifas pone nervioso al entorno del actual gobernador ya que involucra a uno de sus ex funcionarios de primera línea, Pablo Gauffín, quien tras conocerse el escándalo y los allanamientos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); decidió renunciar alegando una situación familiar.
Al ex funcionario de Sáenz, le secuestraron su computadora personal en el marco de la investigación por el entramado de las empresas Cecsa y Arcadio, contratadas por la Municipalidad de Salta para la colocación de luminarias y graves delitos tributarios.
