Denunciaron penalmente al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz y comenzó una investigación en orden «prima facie» por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, retardo malicioso del ejercicio de la administración de justicia, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con él ejercicio de la función pública.
Según la denuncia realizada por Marcelo Alejandro Escobar, Sáenz y otros funcionarios «han materializado y construido una estructura burocrática en la Provincia de Salta que ha deslegitimado el valor de las instituciones afectando sobre todo la independencia de poderes»
«Se trata de un esquema de poder que como se desarrollará, ha contribuido de forma activa o por omisión a la realización de distintos delitos, perjudicando los intereses confiados (por ejemplo permitir a un determinado conglomerado empresarial o sector privado -entre otros- obtenga un lucro indebido a la hora de contratar con el estado en el segmento de obra pública de dicho ámbito, o bien formando parte de una entramado criminal dirigido a facilitar la evasión Fiscal, etc) generando un amplio perjuicio patrimonial de las arcas estatales ya no solo a nivel local (Municipal o Provincial) sino que por carácter transitivo de la Nación atendiendo el rol que reviste por ejemplo la Agencia Federal de Ingresos Públicos en dicho escenario al que se habrá de aludir en lo sucesivo«, detalla la denuncia
El texto también remarca los «procesos licitatorios de obra pública, las sumas de dinero discriminadas por encima de los montos inclusive facturados y la determinación de irregularidades intangibles, que incluiría en tal contexto evaluar la pre adjudicación y adjudicación de obras, sus costos, la extensión de sus plazos de ejecución, etc»
La denuncia también asegura que Sáenz «se apoderó ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados por ejemplo en el negocio de las contrataciones, se insiste, de Áreas de infraestructura del Estado garantizando como se dijera, desde la propia órbita estatal y a partir del manejo y decisiones de los actores de poder de esa Provincia que incluyeron como plan sistemático también a la evasión Fiscal»
«El empresario Huergo, vinculado a Sáenz, estuvo a cargo durante aproximadamente diez años de la Dirección General de Lusal, alumbrado de Salta (compañía de servicios públicos) de la cual se desvincula en diciembre de 2016 (es decir a poco de que asumiera la intendencia de la Ciudad de Salta, Saenz). Se convierte en dueño de Arcadio, Sec S.A (empresa investigada por AFIP por asociación ilícita fiscal con la finalidad de evasión tributaria)», explica
Entre los detalles, la denuncia penal señala que Arcadio Sec S.A se hallaba conformada por dos socios Romero y Muñoz y que no contaba con capacidad para contratar con la Municipalidad. Además, que contaba con un solo empleado registrado y que solo registró como cliente a la Municipalidad de Salta. Además, que no subcontrató para trabajos que llevó adelante en la intendencia ni tampoco adquirió materia prima para el armado o fabricación de luminarias
«Paralelamente de abril a mayo de 2017 facturó la colocación de 660 farolas y 690 luminarias (recordar que Huergo renuncia a la compañía de servicios públicos de «alumbrado» en diciembre de 2016) Durante ese año 2017 emitió facturas por 8.632.540,02 pero registra acreditaciones por $ 13.769.231 (sin facturar un total de $ 5.136.673 que cobró)», detalla.
La empresa fijó domicilio fiscal en un estudio jurídico donde trabajan Anibal Anaquin (abogado) y Alvaro Anaquin (contador) ambos apoderados en forma amplia por Romero y Muñoz para administrar, por ejemplo las cuentas bancarias.
«Anaquín fue Procurador General de Municipalidad de Salta, también funcionario Provincial y apoderado del Partido Justicialista de Salta (comprando dólares por encima ampliamente de sus ingresos registrados y lo propio con el consumo de tarjetas (sindicado como abogado de Huergo)», detalla el escrito.
El empresario Huergo fue detenido en aquel proceso (con intervenciones telefónicas de interés acerca del particular y que vinculan a Gauffin y un dispositivo electrónico -computadora- registrando archivos borrados que rezaban La denominación «el club de amigos de las farolas» y la mención de pagos a Pablo Gauffin – Secretario de Hacienda-, etc). Establecieron que «las facturan eran generadas a través del vínculo IP de la propia intendencia, desde la computadora personal de Gauffin»
