La denuncia penal presentada por Carlos Zapata es contra los entonces vocales del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Salta, Sócrates Paputsakis, Rafael Estrada, Jorge Diez Villa, Oscar Blasco y Fernanda Yanaquis y otros funcionaros públicos de ése órgano por daño a la administración pública en el marco de las denuncias presentadas por la AFIP por evasión fiscal, tanto contra la Municipalidad de Salta como la causa entablada contra el Concejo Deliberante.
Estas denuncias tuvieron origen en el Impuesto a las Salidas no Documentadas, dado que el Ejecutivo municipal efectuó erogaciones de dinero, sin identificar al beneficiario y sin el correspondiente respaldo documental. El daño al fisco supera los $60 millones de pesos.
En la Causa Huego – Secsa – Arcadio, la resolución firmada por el juez federal, Julio Leonardo Bavio menciona una serie de delitos atribuidos a los imputados, muchos de los cuales dan cuenta de la emisión de facturas apócrifas, incluso algunas emitidas desde la dirección IP de los mismos servidores de la Municipalidad, y que fueron pagadas por las Áreas Municipales de Salta a proveedores, como Secsa, que se comprobó resultaban apócrifos, sin capacidad operativa para prestar servicio u obra abonada por el municipio. Allí, se detalla que las cifras involucradas son millonarias y la acción descripta en la resolución, además de configurar delitos tributarios, constituyen un fraude a la administración pública municipal.
El legislador aclaró que el 27 de enero de este año realizó una presentación al Poder Ejecutivo Municipal, haciendo conocer las irregularidades establecidas en la denuncia. “En aquella presentación señalé que llamaba la atención el silencio del Tribunal, que, a pesar de tener conocimiento de las irregularidades, nada había realizado para deslindar responsabilidades para determinar el daño al fisco y lograr su resarcimiento”, detalla el legislador en la denuncia.
“Con el doctor Gonzalo Guzmán vinimos a presentar una denuncia contra los miembros del Tribunal de Cuentas de la Ciudad de Salta, básicamente, por incumplimiento de sus deberes conforme a la Carta Orgánica y a las ordenanzas que regulan su función”, indicó Carlos Zapata al momento de presentar la denuncia. Además, agregó que “existieron numerosos delitos donde el tribunal no ha actuado con el objeto de determinar el daño fiscal y perseguir a los responsables para tratar de lograr una restitución”.
En el documento, Zapata también hace responsable a la Procuración General, a cargo de Dr. Agustín Pérez Alsina en el momento de los hechos. «Correspondió de acuerdo a la normativa vigente que los vocales del Tribunal de Cuentas y el entonces Procurador General de la Municipalidad de Salta, inicien una serie de medidas tendientes a determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos vinculados a la evasión que determinó que para evitar la persecución penal se realizaran planes de pago millonario que son o fueron abonados con fondos municipales y no con fondos propios de los funcionarios responsables de los ilícitos investigados, como así también determinar la responsabilidad de los funcionarios municipales por el grave daño al erario municipal de los derivados de los hechos investigados en el caso».
Por su parte, el Dr. Guzmán Coraita sostuvo que “ahora todo queda en manos del Ministerio Público Fiscal”. “En la denuncia penal hemos solicitado una serie de medidas para investigar los hechos que se denuncian y que se logre el recupero del dinero que se ha ido del municipio”, añadió.
