Si el 2020 ha sido un año desgraciado para la más numerosa y teóricamente plural de las asambleas populares de la Provincia, el 2021 no parece apuntar mejores maneras.
Desde que la cámara baja salteña es presidida por el lobbysta tabacalero Esteban Amat Lacroix y sus decisiones están controladas por una heterogénea y variopinta mayoría saencista, han disminuido drásticamente las iniciativas regulatorias sobre materias importantes y decisivas para el futuro de los salteños. Los diputados y las diputadas, en su gran mayoría, emplean sus escasas energías en proyectos de poca monta, lo que explica la enorme indiferencia social hacia su labor institucional y la creciente desafección ciudadana hacia la política en su faz legislativa.
Recientemente han atravesado el poco selectivo filtro de esta cámara dos proyectos muy importantes (el del aumento de siete a nueve del número de jueces de la Corte de Justicia y el de la ley que declara la necesidad de reforma parcial de la Constitución de Salta). Ninguno de estos dos proyectos ha merecido un debate serio y detenido por parte de unos legisladores, en su mayoría tartamudos, que se han limitado a aprobarlos tras la escenificación de una discusión en la que solo ha quedado de manifiesto la muy deficiente preparación intelectual y política de quienes ocupan los escaños.
Ahora, cuando casi todos los que cobran un sueldo público en la cámara baja salteña están empeñados y empeñadas en hacerse un hueco en las próximas elecciones, en lugar de jugarse con opiniones fuertes y comprometidas, y de participar en debates útiles para que la sociedad resuelva sus problemas, lo que atrae la atención de los legisladores son las declaraciones -solemnes pero estériles- que comienzan con el clásico «vería con agrado».
El encabezado es, en sí mismo, una vana expresión de deseos; pero no porque el Poder Ejecutivo requerido no fuera a acceder a las peticiones más extravagantes que le son formuladas, sino porque ni la Cámara de Diputados en su conjunto, ni los legisladores individualmente considerados (salvo honrosas excepciones) han demostrado mejor cualidad que la de una severa miopía política.
Es decir que para «ver» algo con agrado (o sin él) primero hay que estar bendecido con el don de la vista, y esto no es algo de lo que puedan presumir muchos en el destartalado edificio de calle Mitre 550.
Hasta el más humilde y menos solemne de los concejos deliberantes municipales de Salta funciona mejor, con mayor altura y mejor utilidad, que la Cámara de Diputados, que ni siquiera acierta a representarse a sí misma.
A las recientes iniciativas de aplaudir la inaugración de una placa en la casa de los padres del general San Martín en un pueblo perdido de España o de sumarse con entusiasmo a la celebración del día de los OVNIs, se ha conocido que una diputada provincial saencista -bastante bien conocida por sus graves errores léxicos y sus pésimos modales en las redes- ha sacado adelante una resolución parlamentaria (la que lleva el número 142) para que la Cámara de Diputados de Salta -una de las instituciones más importantes de la Provincia- homenajee a un gimnasio privado con ocasión de su cumpleaños número 26.
No se trata de una biblioteca, ni de un hospital, ni de un centro de enseñanza. Tampoco de un comedor infantil, de un hogar de ancianos, de una fábrica de respiradores artificiales, de un colectivo de médicos o enfermeros o de alguna institución que destaque significativamente por su contribución al progreso, al bienestar o a la cohesión social de los salteños. Los diputados -en especial, los firmantes de la iniciativa- no parecen preocupados por estas cosas tan triviales, ni aun en épocas electorales.
Desde luego, un gimnasio privado es un negocio respetable como el que más, pero no cabe dudas de que está bastante lejos del ideal de institución de provecho público que merezca el interés de un cuerpo legislativo como la Cámara de Diputados de Salta, que representa, o mejor dicho debería representar, al conjunto de la ciudadanía de Salta.
Lo más preocupante de todo es que son estos mismos legisladores -los superficiales, los frívolos, los iletrados- los que han sancionado la defectuosa ley que autoriza la reforma de la Constitución de Salta. ¿En manos de quién estamos?
Los mismos que han aprobado, a libro cerrado, la antidemocrática iniciativa del gobierno para aumentar dos sillones más a la Corte de Justicia, los mismos que vienen ignorando -por comodidad, por ineptitud o por cobardía- las amenazas más graves que se ciernen sobre nuestra sociedad y sobre la precaria convivencia de sus individuos, los que -en definitiva- son capaces de los actos más viles y vergonzosos para sacar la más mínima ventaja electoral.
